Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

El Holocausto judicial

 

 

El Holocausto judicial

 

 

 

 

Por Guillermo Rocafort

 

«Se pasa de soslayo sobre este asunto porque la Memoria Histórica sólo mira a una parte de la Historia y oculta otras que, como ésta, avergüenzan a cualquier persona con un sentido de la ecuanimidad. Las atrocidades cometidas por el Frente Popular en el campo de la Justicia durante la Guerra Civil Española no conocieron límite.

Las cifras de los magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales y otros miembros de la Administración de Justicia asesinados son escalofriantes. Todo el espectro del funcionariado judicial fue alcanzado: catorce magistrados, veintiocho jueces, veinte fiscales, treinta secretarios judiciales, diecinueve médicos forenses, cinco aspirantes a la Judicatura y doce oficiales o funcionarios subalternos. Los datos están publicados en la Causa General contra los crímenes cometidos en la España bajo el terror rojo.

Del Tribunal Supremo, fueron dos los magistrados asesinados, Don Salvador Alarcón Horcas y Don Jesús Arias de Velasco, este último Presidente de Sala.

En dicha Causa General se puede conocer el nombre y apellidos de cada uno de ellos. Asesinados, y antes vejados y torturados, sus esposas desamparadas y maltratadas, sus hijos, estigmatizados y hambrientos.

No hay registro de los otros delitos sufridos por el Cuerpo Judicial, como las amenazas, los chantajes, las palizas, las extorsiones que sufrieron el resto del Cuerpo Judicial, que con los precitados antecedentes, fueron sometidos a los dictados del Frente Popular sin posibilidad de resistencia.

Las checas frentepopulistas se cebaron con este gremio de la judicatura, que fue convenientemente purgado, al más puro estilo estalinista, como una forma de sometimiento a los dictados provenientes de un Oriente enrojecido en odio, crimen y sangre.

Por su parte, la Abogacía madrileña sufrió el escarnio del asesinato de su máxima autoridad, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados, Don Melquiades Álvarez, ya en su vejez, lo que hace más execrable su asesinato, si además destacamos su condición de republicano, y alejado en su ideología al movimiento que se sublevó el dieciocho de Julio contra el caos y el desorden generalizados.

Otro gesto que resulta verdaderamente descorazonador es que el Frente Popular quemó el registro de antecedentes penales, abrió de par en par las cárceles, soltó a todos los presos a los cuales armó para que cometieran todo tipo de desmanes contra los opositores al Frente Popular.

Las incautaciones de expedientes judiciales eran la nota dominante en aquel periodo por los pistoleros del Frente Popular. Las milicias entraban armadas en las oficinas judiciales y a punta de pistola se llevaban los legajos que contenían sus crímenes y abusos.

Muchos miembros de la carrera judicial se acogieron a la protección diplomática de embajadas y consulados extranjeros.

No tendremos una película de Alejandro Amenábar, debidamente subvencionada, donde nos cuente la sensación de pánico y de infinito terror en la España sometida por el Frente Popular, sino que se centrará en el mito de Salamanca entre Unamuno y Millán Astray que ya se sabe, por activa y por pasiva, que es falso, por ser una creación literaria de Luis Portillo en el año 1941, agente frentepopulista en Londres.

Franco y su Régimen restablecieron el orden judicial después de un periodo de guerra tremendamente cruel. Los Tribunales de Justicia volvieron a asumir sus funciones tras la Victoria Nacional.

Aquellos que desde el Tribunal Supremo han decidido la exhumación de los restos mortales de Franco deberían haber tenido presente el contexto precitado, así como que hay en vigor una Ley de Amnistía, que fue aprobada por las primeras Cortes democráticas, y que precisamente lo que buscaba era cerrar las heridas del pasado y amnistiar todo delito de obra o de opinión sucedido en la Guerra Civil o después. No se puede sancionar a nadie por lo que sucedió entonces. A nadie.

Exhumándose a Franco, se rompe la convivencia nacional y se quiebra el régimen constitucional y el Estado de Derecho.

Profanando unos restos mortales, precisamente los de aquel que paró el Holocausto Judicial que sufrió España, no sólo se envilece nuestra Nación, sino que además el Estado de Derecho queda en entredicho, y nadie tendrá sus restos mortales seguros y tranquilos, porque cualquier iluminado vendrá a remover los problemas del pasado para crear una fractura social y política en el presente.»

Por Guillermo Rocafort

 

«Se pasa de soslayo sobre este asunto porque la Memoria Histórica sólo mira a una parte de la Historia y oculta otras que, como ésta, avergüenzan a cualquier persona con un sentido de la ecuanimidad. Las atrocidades cometidas por el Frente Popular en el campo de la Justicia durante la Guerra Civil Española no conocieron límite.

Las cifras de los magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales y otros miembros de la Administración de Justicia asesinados son escalofriantes. Todo el espectro del funcionariado judicial fue alcanzado: catorce magistrados, veintiocho jueces, veinte fiscales, treinta secretarios judiciales, diecinueve médicos forenses, cinco aspirantes a la Judicatura y doce oficiales o funcionarios subalternos. Los datos están publicados en la Causa General contra los crímenes cometidos en la España bajo el terror rojo.

Del Tribunal Supremo, fueron dos los magistrados asesinados, Don Salvador Alarcón Horcas y Don Jesús Arias de Velasco, este último Presidente de Sala.

En dicha Causa General se puede conocer el nombre y apellidos de cada uno de ellos. Asesinados, y antes vejados y torturados, sus esposas desamparadas y maltratadas, sus hijos, estigmatizados y hambrientos.

No hay registro de los otros delitos sufridos por el Cuerpo Judicial, como las amenazas, los chantajes, las palizas, las extorsiones que sufrieron el resto del Cuerpo Judicial, que con los precitados antecedentes, fueron sometidos a los dictados del Frente Popular sin posibilidad de resistencia.

Las checas frentepopulistas se cebaron con este gremio de la judicatura, que fue convenientemente purgado, al más puro estilo estalinista, como una forma de sometimiento a los dictados provenientes de un Oriente enrojecido en odio, crimen y sangre.

Por su parte, la Abogacía madrileña sufrió el escarnio del asesinato de su máxima autoridad, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados, Don Melquiades Álvarez, ya en su vejez, lo que hace más execrable su asesinato, si además destacamos su condición de republicano, y alejado en su ideología al movimiento que se sublevó el dieciocho de Julio contra el caos y el desorden generalizados.

Otro gesto que resulta verdaderamente descorazonador es que el Frente Popular quemó el registro de antecedentes penales, abrió de par en par las cárceles, soltó a todos los presos a los cuales armó para que cometieran todo tipo de desmanes contra los opositores al Frente Popular.

Las incautaciones de expedientes judiciales eran la nota dominante en aquel periodo por los pistoleros del Frente Popular. Las milicias entraban armadas en las oficinas judiciales y a punta de pistola se llevaban los legajos que contenían sus crímenes y abusos.

Muchos miembros de la carrera judicial se acogieron a la protección diplomática de embajadas y consulados extranjeros.

No tendremos una película de Alejandro Amenábar, debidamente subvencionada, donde nos cuente la sensación de pánico y de infinito terror en la España sometida por el Frente Popular, sino que se centrará en el mito de Salamanca entre Unamuno y Millán Astray que ya se sabe, por activa y por pasiva, que es falso, por ser una creación literaria de Luis Portillo en el año 1941, agente frentepopulista en Londres.

Franco y su Régimen restablecieron el orden judicial después de un periodo de guerra tremendamente cruel. Los Tribunales de Justicia volvieron a asumir sus funciones tras la Victoria Nacional.

Aquellos que desde el Tribunal Supremo han decidido la exhumación de los restos mortales de Franco deberían haber tenido presente el contexto precitado, así como que hay en vigor una Ley de Amnistía, que fue aprobada por las primeras Cortes democráticas, y que precisamente lo que buscaba era cerrar las heridas del pasado y amnistiar todo delito de obra o de opinión sucedido en la Guerra Civil o después. No se puede sancionar a nadie por lo que sucedió entonces. A nadie.

Exhumándose a Franco, se rompe la convivencia nacional y se quiebra el régimen constitucional y el Estado de Derecho.

Profanando unos restos mortales, precisamente los de aquel que paró el Holocausto Judicial que sufrió España, no sólo se envilece nuestra Nación, sino que además el Estado de Derecho queda en entredicho, y nadie tendrá sus restos mortales seguros y tranquilos, porque cualquier iluminado vendrá a remover los problemas del pasado para crear una fractura social y política en el presente.»

Comparte